La Participación Ciudadana en las Políticas Públicas

Ernesto Ortiz Diego
11 de Abril del 2014

La Participación ciudadana (PC) en la conducción de la vida pública no es un tema ciertamente nuevo; desde hace ya varios años está presente en la discusión de las ciencias de la política y, prácticamente desde sus orígenes, en las políticas públicas. En diversas lenguas podemos ver publicaciones sobre el tema que, en su vertiente contemporánea, tiene una clara marca de origen latinoamericano. 

Son también diversas las resistencias hacia el tema, sea por considerar que está vinculado a una posición solo ideológica –más expresión de buenos deseos que de realidades, que no admite debate en lo teórico y en lo técnico-, sea por considerarlo un tema de poca relevancia en los asuntos públicos y que por tanto habría que mantenerlo en el espacio de lo que Anthony Giddens la “subpolítica”. 

Lo cierto es que en cada vez mayor número de países, de América, Europa y Asia, el tema de la PC suscita la atención de la academia y de los políticos y, por supuesto, de las propias organizaciones ciudadanas, en congresos y libros, en iniciativas legislativas y en propuestas de reformas del Estado, en estrategias y en experimentos sociales. 

Uno de los puntos que sostiene el sociólogo Manuel Canto Chac en este ensayo introductorio es el asunto de la participación ciudadana no es una cuestión de moda o de preferencia, sino que es un una consecuencia necesaria de la evolución de la discusión sobre el Estado y la democracia, con sus implicaciones sobre la política pública en la procura de su mayor racionalidad. 

Puestos en otros términos, el doctor Canto Chac, primero ubica un marco de discusión sobre las transformaciones de la política, así como las categorías fundamentales que concurren en la discusión sobre PC; en un segundo apartado el autor delimita las distintas perspectivas que existen sobre el tema en sus principales corrientes y acepciones; en la tercera parte intenta dar cuenta de algunos de los principales desarrollos analíticos derivados de la observación de sus manifestaciones empíricas, y la cuarta y última parte será una reflexión sobre los alcances que el asunto de la PC tiene para los cuestionamientos teóricos y las estrategias de los actores políticos y sociales, misma que también hará las veces de conclusiones de este trabajo. 

Sabemos que en la actualidad hay una crisis de la representación, que se traduce en la pérdida de credibilidad en las formas tradicionales, ya sea de representación social (como en los sindicatos) o política (como los partidos políticos). Esta crisis habrá que verla no como un asunto circunstancial sino como el fin de una época. 

Una forma de expresar esta nueva óptica es como lo hace el sociólogo británico David Held a través de dos modelos de democracia contrapuestos: el legal y el participativo; el primero consiste en el principio de mayoría, que es una forma efectiva y deseable de proteger a los individuos del gobierno arbitrario y, por lo tanto, de mantener su libertad, para que la vida política, al igual que la vida económica, sea una cuestión de libertad e iniciativa individual; el gobierno de la mayoría debe circunscribirse al imperio de la ley, sus características principales son: un Estado constitucional modelado por los rasgos de la tradición política anglosajona, que incluya una clara división de poderes, imperio de la ley, intervención mínima del Estado en la sociedad civil y en la vida privada, una sociedad de libre mercado lo más extensa posible.

Por otro lado, la democracia participativa se caracteriza por el derecho igual para todos al autodesarrollo que solo puede alcanzarse en una sociedad participativa, que fomente un sentido de la eficacia política, nutra la preocupación por los problemas colectivos y contribuya a la formación de una ciudadanía sabia, capaz de interesarse de forma continuada por el proceso de gobierno, con participación de los ciudadanos en la regulación de las instituciones clave de la sociedad, incluyendo el lugar de trabajo y la comunidad local, la reorganización del sistema de partidos, haciendo a los cargos de estos directamente responsables ante sus afiliados, mantenimiento de un sistema institucional abierto, que garantice la posibilidad de experimentar con formas políticas.