La Constitución Incumplida

Ernesto Ortiz Diego
2 de Febrero del 2014

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Este 5 de febrero, la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos está cumpliendo 97 años de su promulgación. Todos sabemos que existe una Constitución, y se puede argumentar qué aquí el pacto social sobre el proyecto nacional. Pero la pregunta es: ¿por qué no se cumple?, al grado que existe un libro titulado “La Constitución incumplida”. 

Porque es público y notorio que el texto constitucional no se cumple en los aspectos fundamentales de la soberanía del pueblo, de que todo poder público dimana del pueblo y se establece para su beneficio, o de que la soberanía se ejerce a través del poder público, de la división y el equilibrio de poderes (que teorizó Montesquieu), del federalismo, de la forma de gobierno democrático y representativo, de la suprema ley, de la inviolabilidad constitucional, de las protestas de ley, del régimen de facultades expresas; de las garantías sociales de alimentación, salud, educación, trabajo y vivienda para todos; de las garantías individuales, de las responsabilidades, etcétera. 

Así que tenemos una Constitución de papel, cuando la Constitución es un híbrido sui generis, como lo dice su nombre. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es una ley, la ley suprema. La expresión del derecho. Pero es un derecho político, un derecho jurídico-político. Político no sólo en su origen sino también en su aplicación; y jurídico en su formación, obligatoriedad y aplicación. 

Por lo que tenemos una Constitución que es un derecho político, que no se cumple como derecho, de manera consuetudinaria. Y un derecho incumplido, de ser derecho, porque pierde su esencia jurídica de obligatoriedad correlativa. Y la inobservancia de su compromiso político, aquí referido al pacto social, consensado políticamente, sobre proyecto nacional, es síntoma ineludible o de su existencia o de su carencia de lazos políticos vinculatorios. 

Tenemos una Constitución no vinculatoria en lo político con un proyecto de nación, y en lo jurídico con un régimen de derecho. Y es por eso que los gobiernos, de 1917 a la fecha, es decir, desde Venustiano Carranza a Enrique Peña Nieto, en la continuidad de la corriente oficialista, por lo que puede denominarse el “gobierno permanente”, actúa y en consecuencia está fuera de la Constitución. Es un gobierno permanentemente inconstitucional. Es gobierno fuera de la ley, ilegal. Y al no cumplir el pacto social y la ley, es ilegítimo por partida doble. 

El gobierno o la administración pública

Si el pacto social para el proyecto de nación es difuso, si la Constitución no se cumple, lo que es muy real es el gobierno. 

Pero es un gobierno especial, con un poder ejecutivo que asume funciones legislativas y judiciales, por lo que significa la unión o unificación de poderes; para aumentar un poder y hacerlo incontestado. 

Es un gobierno que se impone al pueblo, a su pacto social sobre el proyecto de nación, y a la ley constitucional.

El gobernante por excelencia, al presidente, es el soberano. El que ejerce el poder de soberanía: todo poder público dimana del presidente y se instituye para beneficio del presidente. Y el presidente tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno, pero sobre todo las políticas de su gobierno (ver artículo 39 constitucional). 

Es un sistema de gobierno autónomo, independiente del pueblo en general, pero sujeto a los factores reales de poder, económicos del gran capital local y sobre todo de las transnacionales de Estados Unidos, y políticos coyunturales, y del gobierno de Estados Unidos. 

Es un sistema de gobierno de presidencialismo soberano, que pudo dominar casi todos los factores por 97 años (la edad de la Constitución): al pueblo, a los partidos políticos, a los otros poderes (legislativo y judicial), a la clase política, a las elecciones no competitivas; a la ley; también a la iglesia; hasta al Ejército, Y en buena medida, al capital nacional. 

Pero que fue dominado por los factores reales de poder de Estados Unidos y su neoliberalismo económico y neocolonialismo político. 

El gobierno ha sido la gran realidad de la etapa posrevolucionaria, que se ha impuesto y sobrepuesto a la sociedad, para hacer valer el dictum histórico de que el presidente podía repetir “el Estado soy yo”, y hasta “el país soy yo”. Y la sociedad mexicana quedaba detrás, desfigurada. La sociedad civil, no “daba color”, por lo que la sociedad política llenaba el vacío político mismo que había formado.