A quién poner en el banquillo de los acusados

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El reciente caso de liberación de Florence Cassez ha planteado una queja tal vez en la dirección equivocada. Se le reclama a la Suprema Corte de Justicia que la haya liberado, siendo que la corte está encargada de vigilar y sancionar el cumplimiento de los derechos constitucionales. Un argumento consiste en reclamar por qué la corte no aprobó la misma resolución un año antes, lo que es correcto, pero no hay que dejar de lado que este conflicto se disparó por las violaciones del sistema policíaco y la intervención imprudente de Felipe Calderón quién politizó un tema policíaco.

Cuesta trabajo entender por qué Calderón decidió sostener al secretario de Seguridad Pública siendo que había múltiples quejas debido a sus malos manejos, como hacer montajes con las detenciones, amenazas de muerte contra periodistas, y la sospecha de que estaría relacionado al crimen organizado. Vox populi, que muchas veces parece responder a versiones delirantes, llegó a sostener que el secretario le hizo una aportación millonaria en dólares a la campaña de Calderón y sostenerlo era la retribución. Acusación que se hace sin sustento pero que demuestra la percepción que campea en el país.

El balance de la política de derechos humanos de Calderón es deficitario. Se crearon dos grupos de refugiados políticos en Estados Unidos, uno llamado Periodistas en el Exilio (PEMEX) y Mexicanos en el exilio. Durante ese gobierno se presentaron (hasta 2011) más de 20,000 solicitudes de asilo político en Estados Unidos. México subió hasta arriba de la tabla en la lista de abusos, es el país con el mayor número de periodistas asesinados en América Latina y tercero en el mundo superando a muchas zonas en guerra. La persecución de periodistas fue muy grave y algunos de ellos decidieron salir del país justamente después de uno de los montajes del secretario de Seguridad.

Paralelamente hay un proceso para silenciar a los que protestan. Aparte de los comunicadores que están pagando con su vida, también lo hacen los líderes sociales y especialmente los luchadores por los derechos humanos. Desde 2006 en Chihuahua han sido asesinados 23 líderes, una (Marisela Escobedo) en las puertas mismas del Palacio de gobierno en la capital del Estado, con lo cual los criminales muestran su desdén a la autoridad y las muy escasas medidas de protección que establecen. El caso Escobedo ha sido tan visible que el gobierno se ha visto obligado a actuar de una forma inusual, ha encontrado dos culpables del asesinato, pero el hijo de la víctima desconoce al segundo acusado por la sencilla razón de que el asesino lo amenazó a las puertas de un Wal Mart en El Paso, Texas. Como decía un sicario, “si los narcos pasan toneladas de droga, ¿qué no podrán pasar una persona?” y más si se trata de un sicario que conduce una vendetta personal porque los agraviados lo buscan para que pague por sus crímenes. Algunos han logrado huir pensando que Estados Unidos es un santuario para los perseguidos, para encontrar que tienen que pasar el viacrucis de la solicitud de asilo político. También pagan con la vida líderes ecologistas que tratan de proteger al medio ambiente de la depredación de intereses criminales muchas veces protegidos por autoridades, en Guerrero han sido asesinados 25 ecologistas desde 2005, 15 desde 2011.

Hemos insistido en la tragedia humanitaria que vive el país. Un número de asesinados que puede llegar a 250,000, un número superior a los 160,000 desaparecidos y según un estudio, solamente en el norte del país hay 300,000 desplazados.

Algunos piensan que el mal se debe a policías incompetentes, otros están convencidos que los que deben proteger están corrompidos hasta la medula y uno de los responsables del descontrol de esa jauría es García Luna, secretario de seguridad pública, cuyos agentes emboscaron a agentes del gobierno estadounidense.

Si la gestión calderonista fue ruinosa, más lo fue sus intentos por pisotear al poder judicial. Agredió a los jueces en general y personalmente y por medio de sus funcionarios presionó a la Suprema Corte para que resolviera de acuerdo a sus intereses y necesidades.

Para México que tiene un federalismo precario y que requiere de un fortalecimiento de los poderes, esta actitud debilitó al pacto federal y por ende a la democracia.

Todos esperábamos de los magistrados de la corte menos protagonismo, más discreción, respuestas expeditas y bien fundamentadas, no litigar en los medios; deben educar a la sociedad sobre el imperio de la ley y no regodearse con un cierto nivel de maniobra y componendas. Pero debemos recordar que están actuando en contra de aquellos que han corrompido al sistema judicial y han pisoteado las libertades individuales.

Lo justo es que se ponga a García Luna y Calderón frente a un tribunal para que lo juzgue por los graves daños contra la patria.