El Incidente de Huitzilac

Un fantasma recorre el combate a la inseguridad pública en el país: la desconfianza. Acaso nadie sabe para quién trabaja al interior de las instituciones encargadas de tan cardinal tarea después de que prácticamente a lo largo de todo el sexenio se ha acusado y advertido sobre los entendimientos entre servidores públicos de todos los niveles de gobierno —federal, estatal, municipal— y los distintos ámbitos de poder —ejecutivo, legislativo, judicial— con la delincuencia organizada.

No es un fenómeno nuevo ni excepcional, pero nunca como en la administración de Felipe Calderón se había hecho tan visible la presencia del enemigo en casa: lo mismo en gobiernos y fuerzas de seguridad estatales y municipales —las acusaciones contra Tomás Yarrington suponen un nuevo peldaño— que en el Ejército mexicano, la Procuraduría General de la República, la Interpol, la Policía Federal, incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En este contexto de profunda desconfianza y erosión de las instituciones se inscribe el ataque a una camioneta de la embajada de Estados Unidos en México, ocurrido el viernes pasado en las proximidades de Tres Marías, en Morelos.

El peor de los mundos para el país: de un lado, los malos enfrentados entre sí, de manera encarnizada y sin freno, por el control de territorios y rutas; del otro, incompetencia, corrupción, descoordinación y pugnas soterradas entre los buenos o, por lo menos, entre muchos que forman parte de la institucionalidad del Estado mexicano.

Quizá la desconfianza sea un elemento siempre presente en las instituciones de seguridad, procuración e impartición de justicia. Sin embargo, durante la guerra de combate al narco diversos actos, decisiones y movimientos han exacerbado no solo la desconfianza ciudadana frente a esas instituciones sino las sospechas entre sus propios agentes y funcionarios. A decir de Jorge Fernández Menéndez, de hecho allí reside el mayor problema político-institucional de todos: "Cuando se habla de cambiar la estrategia de seguridad hemos insistido en muchas ocasiones que el problema no es la estrategia en sí, sino la política de seguridad: es un problema porque la coordinación es escasa, no hablemos entre la Federación y los estados y municipios, donde en la mayoría de los casos no se da, sino entre las  fuerzas federales: entre ellas suele haber desconfianza y poca comunicación, y eso se refleja claramente en hechos como los del viernes. Y ese no es un problema de estrategia, sino de política."

El próximo gobierno, que empieza su periplo a partir del próximo 1º de diciembre, parece obligado a depurar y afianzar las instituciones en materia de seguridad. Si no acabar, se debe acotar el poder e influencia del narcotráfico. Por un lado, es importante achicar y controlar a los diversos cárteles para que les sea más complicado corromper voluntades de políticos y funcionarios y, por lo mismo, distorsionar de manera importante el accionar gubernamental. Por el otro, se tienen que fortalecer las instituciones nacionales: un Estado débil es presa fácil de cualquier poder fáctico... Un buen principio, sin duda, sería establecer en unos casos y reforzar en otros, los procedimientos de contratación y permanencia de funcionarios en áreas vinculadas con la lucha contra el crimen organizado, de los tres poderes.