La Nueva Reforma Política

Hace unos días, después de años de negociación, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión realizó la declaratoria de aprobación de la reforma política, remitiéndola al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

No se trata de la siempre deseable reforma del Estado. Más aún: el dictamen final fue recortado en la Cámara de Diputados, dejando fuera algunas modificaciones aprobadas en el Senado, como la reelección de legisladores y la revocación de mandato. Pero entre estas modificaciones a doce artículos de la Constitución y las adiciones a siete más, se desprenden figuras de trascendencia, como las candidaturas "independientes", la consulta "popular", la iniciativa "preferente" para el Ejecutivo, entre otras.

Algunos cambios incluso lucen oportunos a la luz de esta coyuntura, como el del artículo 87 constitucional: "En caso de que el presidente no pudiere rendir la protesta ante el Congreso de la Unión, ante la Comisión Permanente o ante las Mesas Directivas de las Cámaras del Congreso de la Unión, lo hará de inmediato ante el presidente de la Suprema Corte de Justicia".

A reserva de estudiar todo el paquete con mayor detenimiento, conviene fijar la atención sobre un par de modificaciones aparentemente menores pero que llenan un vacío histórico: por un lado, en el artículo 84 se establece un escalafón sucesorio, una especie de salvaguarda ante la falta de acuerdos en el Congreso para nombrar a un presidente interino —cuando la falta ocurriese en los dos primeros años del sexenio— o sustituto —cuando la falta ocurriese en los cuatro últimos años del periodo. Vale citar el mencionado ordenamiento con el agregado reformista en cursivas para facilitar su comprensión: "En caso de falta absoluta del Presidente de la República, en tanto el Congreso nombra al Presidente interino o substituto, el Secretario de Gobernación asumirá provisionalmente la titularidad del Poder Ejecutivo; en caso de falta absoluta de aquél, lo hará el Secretario de Hacienda y Crédito Público, y a su falta, el Secretario de Relaciones Exteriores."

En el artículo 85, por su parte, se prevé el procedimiento en caso de la falta de la declaratoria de validez de la elección presidencial y, al tiempo, el relevo ante la falta absoluta del Presidente de la República en el arranque del periodo sexenal: "Si antes de iniciar un periodo constitucional la elección no estuviese hecha o declarada válida, cesará el Presidente cuyo periodo haya concluido y será Presidente interino el que haya designado el Congreso, en los términos del artículo anterior. Si al comenzar el periodo constitucional hubiese falta absoluta del Presidente de la República, asumirá provisionalmente el cargo el Presidente de la Cámara de Senadores, en tanto el Congreso designa al presidente interino, conforme al artículo anterior."

En el párrafo inmediato se define con toda claridad la responsabilidad del Secretario de Gobierno ante la licencia temporal del presidente de la República: "Cuando el Presidente solicite licencia para separarse del cargo hasta por sesenta días, el secretario de Gobernación asumirá provisionalmente la titularidad del Poder Ejecutivo."

Con estas reformas, sin duda, existe mayor certeza ante los posibles vacíos de poder, otorgándole sobre todo al secretario de Gobernación nuevas posibilidades ante la ausencia del Presidente de la República... No obstante, salta una duda: ¿no era más viable asignar ese sitio a un servidor público con mayor peso, como el Presidente de la Suprema Corte, que llega a esa posición primero a través de la venía de los poderes Ejecutivo y Legislativo y, luego, con el apoyo de la mayor parte de sus pares?