El Sesgo de los Encuestadores, ¿Pie Para Acción Legal?

Por Jorge A. López Gallardo y Samuel Schmidt

El papel de la mayoría de las casas encuestadoras en la elección presidencial pasada fue muy discutido, Macario Hernández Garza en su artículo "Análisis de las estimaciones de las casas encuestadoras vs los cómputos distritales en la elección de 2012" pone en claro que muy pocas –si acaso alguna— de estas casas jugaron limpio. La pregunta ahora es si hay o no cabida para acción legal contra la casas engañadoras –er, perdón, encuestadoras y acción política para evitar una manipulación política futura como la de 2012.

Tomando una figura del estudio de Hernández Garza podemos ver (Figura 1) una comparación entre las predicciones promedio de varias casas encuestadoras y los resultados dados por el Cómputo Distrital. Todas las casas sobre-estimaron al PRI por porcentajes que oscilan entre aproximadamente 3% y 10%, siendo las más exageradas las de GEA-ISA e Indermerc-Harris.


El efecto con JVM y AMLO fue exactamente el opuesto, las estimaciones estuvieron en promedio entre 2 y 4 untos porcentuales debajo de los resultados del Computo Distrital, aproximadamente. El análisis de Macario Hernández indica el tamaño promedio de los sesgos: Peña Nieto: 5.02; Vázquez Mota: -1.85 y López Obrador: -3.12, lo que muestra amplios márgenes. Como explica Hernández Garza, las "equivocaciones" de las casas encuestadoras beneficiaron a Peña Nieto en la opinión pública.

¿Acción legal y política?

La explicación de las encuestadoras de que cometieron errores metodológicos es inaceptable. Para un país que exige transparencia, se puede suponer que estas empresas engañaron abiertamente a la opinión pública y dado el impacto sistémico de sus actos tienen una responsabilidad social y política. No pueden aducir que son simplemente empresas que hacen negocio, porque su área de actividad tiene una influencia mayor, como se vio en la elección del 2012.

Las encuestadoras apostaron a crear un clima a favor de un candidato y desfavorable en contra de otro, influyendo de manera perversa sobre el comportamiento electoral. Esto es reprobable y debe tener alguna consecuencia.

Es cierto que las encuestadoras tienen la libertad de estudiar a la realidad y hasta de estudiarla mal, pero dado el impacto socio-político de su actividad, deben tener la obligación de hacer público el patrocinio de sus actividades. Como lo dice Macario, es dudable que una casa encuestadora financie encuestas nacionales solo por el deseo de hacerlo, especialmente cuando esa misma casa tiene acceso a ciertos medios de comunicación.

Es inaceptable que empresas distorsionen la conformación del sistema político a cambio de ganancias. El país necesita que sean sancionadas para que sus actos no pasen a la historia como una más de las perversidades que se cometen a diario.