La Nueva Cultura Política

He enfatizado en los problemas culturales desde mi perspectiva como sociólogo porque estoy convencido de que el futuro de la democracia está estrechamente vinculado a las maneras en que la nueva cultura política generará nuevas definiciones.

Estos procesos nos enfrentan a un problema, las fronteras y los ejes que definían y clasificaban la actividad estatal se han quebrado o trastocado, una de sus manifestaciones más espectaculares puede verse en el hecho de que las funciones de los tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial, se ven ampliamente trastornadas y rebasadas por las funciones de un cuarto poder que no respeta fronteras, el poder cultural legitimador que garantiza la gobernabilidad.

El poder estatal no sólo se legitima por un ejecutivo eficiente, un parlamento representativo y una vigilancia justa; se legitima principalmente por procesos culturales, educativos, morales e informativos que constituyen redes de vasos comunicantes que no respetan las fronteras tradicionales ni las que dividen a los tres poderes, ni las de carácter territorial, sean electorales, estatales, nacionales o de otra índole, ni tampoco las que separan los órdenes jerárquicos, estas redes tienden a establecer nuevas y diversas formas relativamente autónomas de poder ciudadano.

Se trata de redes extraterritoriales, metas democráticas, transnacionales, globales o incluso posnacionales, a primera vista estas redes culturales abarcan un conjunto extremadamente heterogéneo: medios masivos de comunicación como la prensa, la radio, la televisión, el Internet, Facebook, Twitter, escuelas, universidades, grupos étnicos y religiosos, minorías sexuales, editoriales, hospitales, organizaciones no gubernamentales, iglesias, sectas y grupos marginales con vocaciones muy diversas desde actividades paranormales, fracciones paramilitares, desde pacifistas, vegetarianos, hasta dogmáticos terroristas.

Se trata de un nuevo espacio de poder, más atravesado por los flujos culturales y simbólicos que por el intercambio de bienes materiales, un espacio legítimo generador de legitimidad pero poco y mal legislado impulsado por una economía emergente que se basa más en la producción y circulación de ideas y menos en la de objetos, más como se dice en computación en software que en hardware.

Así pues, y puesto que la descentralización, la federalización o la parlamentarización del Estado en el marco de la división y equilibrio de poderes, dejan sin solución importantes problemas de carácter general y nacional estrechamente ligados a la gobernabilidad, será cada vez más necesario legislar en el ámbito constitucional la existencia de áreas de gestión con un alto grado de autonomía con respecto a los tres poderes así como en su relación con los espacios municipal, estatal y federal.

Estas áreas autónomas de gestión podrían constituirse como consejos, comisiones o institutos encargados de regir a escala nacional espacios tales como la cultura, la educación superior, las autonomías indígenas, las iglesias, los medios de comunicación, los procesos electorales, incluso, ciertas instancias de la recaudación fiscal.

Su constitución implica un acercamiento de algunas instancias del poder estatal a la sociedad civil, es en cierta forma una estatización de la sociedad civil, pero también una civilización de la gestión estatal.

Como quiera, si estas reformas en los aparatos estatales ocurren se irán  acumulando  a lo largo de un proceso de cambio que insertará paulatinamente a México cada vez más en una red global de países democráticos dotados de economías de expansión, como puede observarse, establezco un vínculo entre por una parte, la gestión regulada de áreas de autonomía y por otra parte, la inserción profunda de México en la llamada Globalización, esa economía neocapitalista impulsada por una gran revolución tecnológica que se está expandiendo a escala mundial desde el Norte de América y desde la Unión Europea.