Régimen Democrático y Reforma del Estado

Hasta el debate del 6 de mayo y en los días siguientes, los problemas del sistema régimen democrático y la reforma del Estado no habían merecido mayor atención de candidatos presidenciales, aspirantes a puestos legislativos, dirigencias partidistas y líderes sociales. La agenda relativa a las transformaciones del sistema político y electoral, del Ejecutivo y el Congreso, se mantenía cristalizada en los programas registrados ente el IFE.

Sin embargo, había algunas excepciones. Vázquez Mota, por ejemplo, insistía en el compromiso de integrar un "gobierno de coalición"; una propuesta vaga e imprecisa -no registrada en la plataforma panista- que se confundía con una frase demagógica ("la verdadera alianza es con la ciudadanía") y contrastaba con el tono rudo que empezaba a permear la propaganda antipriista del partido gobernante.

La misma candidata recuperaba, en discursos y spots, la "demanda social" de reducir el tamaño del Congreso mediante la desaparición de diputaciones y senadurías de representación proporcional. Peña Nieto, por su parte, hacía lo propio en spots: la promesa de eliminar 100 de los 200 diputados plurinominales. López Obrador ni siquiera tuvo necesidad de ofrecer algo al respecto; en realidad, no ha fijado posiciones en la materia, salvo lo relativo a "consultas ciudadanas" para resolver asuntos polémicos y "someterse" a la revocación de mandato.

Para los candidatos lo sustancial estaba en otros rumbos: "modernización", "rescate" o "bursatilización" de Pemex y CFE; vislumbres de política fiscal; variables de "sistema universal" de salud y/o seguridad social; qué hacer con la educación y el SNTE; cómo enfrentar la inseguridad y frenar la sangría. Los temas del diseño institucional, los pendientes de la reforma democrática, los nudos ciegos de la gobernabilidad y la relación entre poderes parecían condenados a no figurar en el debate por la Presidencia de la República.

Un vacío delicado, sin duda, ante la perspectiva cada vez más próxima, inminente, del retorno del PRI al Ejecutivo federal y con amplias posibilidades de obtener mayoría en el Legislativo. Lo que se traduce, en términos más claros, en la incertidumbre en sectores de la opinión pública y la mayoría de los comentaristas (no alineados al tricolor) sobre un probable retroceso en términos democráticos. La restauración del viejo presidencialismo en condiciones inéditas desde 1997: Ejecutivo fuerte, legitimado en las urnas; aplanadora priista en el Congreso y hegemonía territorial con una veintena de gubernaturas (sumando Jalisco, Morelos, Chiapas…).

Pero algo pasó en las últimas semanas. El "viernes negro" de Peña Nieto en la Ibero y sus secuelas (movilizaciones estudiantiles contra Peña, PRI y Televisa) modificaron el clima de opinión -ya que no, aún, el equilibrio de fuerzas- y obligaron al equipo priista a reaccionar de manera inusual.

El "manifiesto" de Peña Nieto "por una Presidencia democrática", dado a conocer el 21 de mayo, sería la forma de operar una suerte de control de daños. Un documento singular, importante, no por su brillantez, sensibilidad y agudeza -cumplir la Constitución y las leyes como asunto de voluntad- sino por su oportunidad y perspicacia: comprometerse a respetar el marco jurídico republicano justo cuando un sector de la sociedad movilizada cuestiona la legitimidad democrática del PRI y somete a crítica el arreglo ilegítimo con la corporación dominante en el sistema nacional de comunicación e información (Televisa).

En este sentido, la maniobra político-mediática del candidato priista constituye la gran novedad de la temporada. Porque, a querer o no, el mexiquense tuvo que develar algunos enigmas (y encriptar otros). En primer lugar, despeja la incógnita sobre la relación Ejecutivo-Legislativo: no será mediante "coalición de gobierno" (opción beltronista) sino a través de una mayoría legislativa propia como desplegaría su programa.